Movimiento de Renovación Nacional (MORENA)

Declaración de Córdoba surgida despues de un largo e interesante debate

POR UN NUEVO RADICALISMO

Nuestra sociedad parece haber alcanzado un consenso básico en el campo político: la democracia es el sistema en el que casi todos queremos vivir.

Ha desaparecido el riesgo de golpe de estado que tanto condicionó a nuestra existencia desde 1930, pero en muchos aspectos la democracia sigue siendo un proyecto incumplido. Se ha consolidado una democracia electoral, pero la vida democrática no se agota con la transmisión legítima del poder. El sistema padece imperfecciones notables como la baja calidad institucional, enclaves corporativos difíciles de desterrar, cortoplacismo, ineficiencia y arbitrariedad, corrupción endémica y amenazas a la libertad, que afectan la confianza y degradan los principios fundamentales de una democracia republicana.

Pero una democracia moderna no puede limitarse al plano institucional. Ya no se trata de buscar mecanismos que garanticen solamente los derechos de primera generación. Por supuesto, ratificamos la validez del Estado de Derecho en el sentido clásico del término, pero comprendemos que las recetas que sirvieron para alcanzar la participación popular en la decisión política, no alcanzan ahora para asegurar esa misma participación en la distribución del ingreso. Esa cuestión está en la base del constitucionalismo social, pero retomó actualidad en razón de que está técnicamente demostrado que, aún en los países centrales, las políticas neoliberales aplicadas en la década del 90 produjeron efectos de concentración y exclusión que los mecanismos políticos tradicionales no lograron balancear, y esos efectos golpearon con más fuerza en las economías periféricas.

Tenemos que afrontar el problema de la desigualdad sabiendo que la solución no puede pasar por convertir la democracia en una variante doméstica del populismo autoritario. Nuestra propuesta consiste en convocar al pueblo argentino para que protagonice un cambio transformador que nos lleve de la democracia política a la democracia social, evitando el riesgo de un retroceso autoritario y creando las condiciones políticas y económicas necesarias para garantizar una convivencia libre, pacífica y justa.

La sociedad abierta

Las sociedades abiertas promueven un alto grado de permeabilidad social, evitan la rigidez de los límites, favorecen la participación y aseguran el acceso a los bienes llamados preferentes, aquellos que fijan un escalón mínimo de calidad de vida con vigencia universal. Preservan la igualdad y abren espacio para la participación igualitaria de las mujeres, los jóvenes y de todas las minorías, a las que protegen legal y materialmente para respetar la diversidad.

No se trata de un ámbito constituido solo por derechos. La sociedad abierta reclama una obligación esencial: el respeto por el otro en sentido integral. No solo la actitud pasiva de no agredir, sino la solidaria de incluir e integrar. Exige el compromiso activo, la construcción conjunta del destino colectivo, para que la igualdad real constituya la contrapartida necesaria de la igualdad ante la ley.

En definitiva, son las condiciones económicas las que definen las características del orden social. Las políticas de privatizaciones, desregulación y apertura indiscriminada que aplicó el justicialismo durante los 90 nos alejaron del modelo de convivencia que proponemos, porque desprotegieron la industria nacional, favorecieron su extranjerización, instalaron la desocupación estructural como la causa mas eficiente de pobreza y desigualdad, demolieron las empresas públicas e impusieron la ficción de un tipo de cambio rígido que favoreció claramente la especulación financiera.

El déficit del sector público fue cubierto con el endeudamiento que aún hoy, condiciona las decisiones del Estado nacional y le resta capacidad operativa. El gobierno de la Alianza –en el que la UCR tuvo responsabilidad central- no salió a tiempo de la convertibilidad, que estalló en sus manos con efectos dramáticos en el campo social.

En ese escenario, la pobreza y la exclusión se convirtieron en una realidad agobiante –especialmente si tomamos en cuenta que una buena parte de ella recayó sobre niños y adolescentes- que requiere estrategias globales, que el gobierno actual no diseña ni aplica.

Desde el 2003 en adelante, la economía argentina creció a tasas importantes, porque los términos del intercambio la favorecieron. Hoy, las condiciones de los mercados permiten retomar ese camino, luego de la interrupción provocada por la crisis iniciada en el 2008. Pero el crecimiento solo modificó de manera marginal las condiciones sociales, porque el gobierno no hace otra cosa que utilizar políticas de asistencialismo directo que, en realidad, no buscan terminar con la pobreza sino convertirla en voto cautivo.

El crecimiento económico es un ingrediente necesario pero no suficiente para reducir la pobreza. Es condición esencial verificar la calidad del crecimiento para saber a quién beneficia, porque en la década de los 90 sirvió a la concentración del ingreso frente a la neutralidad distributiva del gobierno justicialista, que la favoreció. Hoy, la carencia de políticas redistributivas de mediano y largo plazo, agravada por una inflación que afecta de manera directa a los sectores de ingresos fijos, impide transferir en plenitud al campo social los beneficios de la expansión económica. Además, la vieja cultura rentística de ciertos sectores empresarios orienta la acumulación de capital hacia la especulación financiera, y la inversión reproductiva sufre los límites impuestos por la inestabilidad jurídica, la arbitrariedad en la decisión política y el capitalismo de amigos, pensado para favorecer los planes de apropiación desarrollados por los sectores vinculados con el poder.

La desigualdad también es territorial. Las diferencias de desarrollo regional se han profundizado por la falta de un sistema equilibrado y automático de distribución de los recursos públicos. La debilidad financiera convierte el federalismo en una ficción y a los gobernadores en dependientes del poder central, que los usa incluso para subordinar a los legisladores nacionales. La pobreza de las provincias favorece la migración interna, en un proceso de urbanización espontánea y desordenada que aumenta el desarraigo y la exclusión.

La paradoja consiste en que la pobreza se ha consolidado en un país dotado de enorme riqueza potencial.
No se trata de la imposibilidad natural de producir bienes suficientes: se trata de aprovechar productivamente los recursos naturales y distribuir con justicia los bienes que resulten. Además de su ínsita inmoralidad, la utilización de la pobreza como cantera de voto cautivo implica desaprovechar el talento y la creatividad diseminados en todos los ámbitos sociales.

La política social debe concebirse como condición indispensable de desarrollo económico, razón que lleva a otorgar prioridad efectiva a las metas sociales en la definición de las políticas públicas.

La sociedad abierta necesita el mayor nivel de equidad posible. Si la sociedad beneficia a algunos y quita o excluye a los demás, no será posible vivir en paz y seguridad.

No debemos caer en la progresiva e insensible aceptación de la desigualdad como una situación normal, aunque dure mucho tiempo. Una democracia que tolera la exclusión de una parte del pueblo, ya deja de ser democracia.

El Estado democrático debe ser un actor central en la búsqueda de la igualdad. Su modernización, en tanto productor de leyes, inductor de políticas, garante de derechos y poseedor de legitimidad de origen es fundamental ahora, cuando los efectos de la globalización condicionan su funcionamiento y su poder soberano. El fortalecimiento de sus capacidades técnicas y financieras es condición necesaria para la profundización de su gestión en el campo social. En ese sentido, es esencial dotarlo de los fundamentos científicos y la documentación estadística confiable que sirvan para cuantificar los efectos concretos de las políticas de crecimiento y distribución del ingreso.

En la Argentina de hoy, el combate a la pobreza debe ser el eje articulador de las políticas públicas. La planificación participativa, la inversión pública en salud, educación, vivienda popular e infraestructura del transporte y la política de empleo, deben pensarse y organizarse en función de la igualdad, sabiendo que el trabajo decente es el primer factor de igualación y equidad. En el mismo sentido deben utilizarse los instrumentos de política económica: gasto e inversión, política cambiaria, crediticia, monetaria y presupuestaria.

El Estado solo no puede resolver todos los problemas, pero queda claro que su ausencia los agrava. Uno de los objetivos de la acción estatal consiste en la plena movilización de los recursos privados, en sectores tales como la inversión en investigación y desarrollo; en el aprovechamiento integral de la dinámica expansiva del mercado; en la captación del ahorro de las familias para facilitarles el acceso a la vivienda; en la promoción del trabajo decente y del empleo productivo poniendo fin a la precariedad laboral; en la organización de cadenas de valor y en la búsqueda de áreas de identificación intersectorial que sirvan para coordinar núcleos productivos y potenciar las iniciativas empresariales de alto contenido innovador.

También debe definir, diseñar y aplicar una política demográfica, migratoria y de planificación territorial que preserve la apertura “hacia todos los hombres del mundo” y al mismo tiempo, procure la adecuada ocupación del espacio nacional, amortiguando la tendencia a la urbanización indiscriminada y no planificada que provoca la superpoblación de las grandes ciudades.

La inserción en los mercados internacionales es una condición de sustentabilidad de todo programa de desarrollo. Para que esa inserción sea exitosa hay que partir de una visión del mundo que sirva para definir nuestro sistema de relaciones internacionales, nuestras asociaciones para el crecimiento y nuestro marco de alianzas.

La exclusión y la marginalidad son causas determinantes del nivel de inseguridad que condiciona la vida de todos los argentinos. No se trata de identificar la pobreza con el delito. El problema consiste en que la desigualdad grosera y agraviante favorece la violencia y que, además, los que se sienten afuera del sistema por generaciones sucesivas, no tienen ningún motivo que los lleve a cumplir las leyes y respetar la vida y la propiedad de quienes viven una realidad absolutamente diferente. La expansión del narcotráfico, que parece contar con complicidades políticas y policiales, es ya un componente principal de la violencia.

El delito profesional debe combatirse con buena policía, buen sistema carcelario y buenos jueces. Pero el delito que nace de la pobreza –y que victimiza, en primer lugar, a los pobres- solo se soluciona con políticas sostenidas de integración social.

El valor de las instituciones

La política sirve para organizar la convivencia. La sociedad abierta la organiza por medio de instituciones participativas, reguladas por la ley, sometidas a control de la justicia independiente y conducidas por funcionarios elegidos por el pueblo y responsables ante él. Las decisiones que se adoptan son públicas y ejecutadas mediante procedimientos transparentes. Por supuesto, esas decisiones están sometidas a la libre crítica de la opinión pública, de los medios y de las organizaciones no gubernamentales y deben alcanzar la continuidad necesaria como para producir efectos mensurables.

El populismo autoritario –caricatura deformante de lo popular- no reconoce límites legales y concibe las instituciones como obstáculos que hay que evitar, como “máquinas de impedir”. Concentra y personaliza el poder e interpreta cada crítica como un acto de agresión. Divide el mundo –especulativamente, para ampliar su poder- entre amigos y enemigos y define todo diálogo o acuerdo como un acto de debilidad. Por su propia naturaleza, carece de capacidad para organizar el futuro, porque cualquier proyecto que dependa de personalismos autoritarios, es frágil e inestable.

Pero las instituciones de la democracia deben estar preparadas para encauzar dinámicamente las necesidades de transformación que caracteriza el avance hacia la democracia social. La capacidad de cambio debe ser una característica incorporada al sistema. Es importante que el cambio no sea la consecuencia dramática de cada crisis dolorosa provocada por la inercia institucional o las rigideces corporativas, sino el resultado de una acción deliberada, apoyada en una cierta rebeldía con principios y objetivos que conduzcan a un proyecto con justicia y equidad social.

Debemos resolver la contradicción entre transformación caótica o instituciones rígidas, a partir de una democracia sin dogmas que organice el crecimiento incluyente, con vocación innovadora también en el plano estrictamente político.

Está definitivamente probado que las instituciones que funcionan con regularidad y demuestran plasticidad frente al cambio, favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social.

Cuando decimos que es importante acostumbrarse a la rutina de la democracia, debemos descartar la idea de una forma de vida monótona y formal. Por el contrario, la consolidación definitiva de la democracia social se producirá cuando estemos colectivamente dispuestos a correr, todos los días, el horizonte un poco más allá,

El futuro como dimensión necesaria

En la Argentina de hoy, el futuro parece no existir, en cuanto construcción premeditada del mañana. El gobierno solo actúa sobre la coyuntura. Su único proyecto es la conservación del poder. Sus alusiones al futuro son nada más que retóricas, porque carece de un trabajo sistemático que programe el desarrollo nacional.

Algunas áreas específicas son una nuestra acabada de especulación e improvisación irresponsable: la situación que atraviesa el sector energético es un ejemplo absoluto, más aún si tomamos en cuenta el valor de la energía en el mundo globalizado. La Argentina debe respetar los nuevos desafíos del Cambio Climático, el resguardo y cuidado de los ecosistemas, la protección de la fauna y la biodiversidad en sintonía con el desarrollo sustentable.

Pero la educación es el sector donde el abandono alcanza niveles colosales. La crisis de la escuela pública compromete el porvenir de generaciones enteras, porque impide concretar la función incluyente del conocimiento que sirve para la libertad, para el crecimiento personal, pero también como aporte imprescindible para la creación de riqueza.

La decadencia de la enseñanza provista por el Estado agrede el más elemental sentido de justicia social, porque excluye a tantos, en una etapa en la que la comprensión y el manejo de la tecnología es un factor sustancial para mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo económico. La situación de la educación pública en la Argentina de hoy, es perfectamente compatible con la condición clientelar en la que el gobierno recluye a muchos de nuestros compatriotas.

Debemos recuperar el futuro como dimensión necesaria. Para profundizar nuestro sentido de pertenencia a la Nación que, en esencia es un proyecto de vida compartido. Para construir una sociedad integrada, moderna en cuanto a las ideas que maneja y justa en la distribución de los frutos del trabajo. Tenemos que hacerlo ya mismo, porque el tiempo perdido no se recupera y el perjuicio causado a quienes están privados de formación y de conocimiento, es irremediable y afecta su vida entera. Nuestro futuro tiene que ser el de una sociedad libre de toda dependencia política y de toda necesidad material.

El Morena en la Unión Cívica Radical

La dispersión que sufrió el sistema político, debilitó la democracia. Es cierto que desapareció el golpe de estado tradicional, pero surgió un riesgo distinto, más insidioso por menos visible: la mezcla de desarticulación social y de falta de instrumentos de protección que produce en el hombre de todos los días la sensación de que está abandonado a su suerte. En materia de seguridad pública, esa intuición causa un efecto demoledor en términos de cohesión social, porque confirma la idea de que el Estado no cumple ni siquiera su función básica de monopolizar el uso de la fuerza y preservar la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

Los partidos políticos, en tanto organizaciones que compiten por el poder, recibieron de lleno el impacto producido por ese fenómeno social de desconfianza. Se convirtieron en promotores de candidaturas individuales y su fragmentación los transformó en fuerzas territoriales sin proyección nacional. El país necesita una reconstrucción del sistema político, que lo fortalezca y le otorgue eficiencia operativa, única manera de recuperar la confianza del pueblo.

Nuestra función como movimiento interno consiste en devolverle a la UCR su condición de fuerza nacional y federal, garantizar su unidad de pensamiento y acción, impulsar la renovación de sus ideas, sus métodos y su dirigencia y colaborar en el diseño y la construcción de coincidencias de fondo con otras fuerzas políticas y sociales que nos lleven al gobierno en el 2011 y a partir de allí, garanticen las transformaciones de fondo que Argentina necesita para convertirse en una nación libre e igualitaria.

En la política argentina actual, ya no sirven los proyectos personales. La personalización extrema hace que –demasiadas veces- el comentario cuasi frívolo reemplace el debate y la crítica objetiva. Nosotros ratificamos el valor de las ideas y sin despreciar a los actores políticos, queremos encontrar en los valores y los principios, la razón profunda de nuestra militancia.

La vigencia y la representatividad de la UCR depende de su utilidad social, de su capacidad para responder a las necesidades del pueblo. No es útil un partido cerrado, chico, meramente superestructural. El futuro de la UCR depende de la reivindicación de su origen popular, como plataforma legitimante del camino de transformación. De esa única manera, cumplirá con su destino histórico.

En 1983 los radicales pudimos arraigar en la conciencia de nuestro pueblo la convicción de que el autoritarismo le había robado al país un ideal de porvenir y logramos recuperarlo.Era entonces el ideal de una democracia que podría renovarse sin interrupciones, el ideal de la vida y la paz recuperadas, el ideal de descartar definitivamente la violencia de nuestra cultura política, el ideal del “Nunca Más”, como ejemplo de valentía y apuesta heroica por la justicia y la razón.

Hoy también nos convoca la tarea de recuperar para los argentinos un ideal del porvenir, de progreso y bienestar. La tarea de recuperar la esperanza y la dignidad de la gente. De construir un régimen de convivencia y de respeto recíproco, donde los ciudadanos puedan convivir en un entorno estable, previsible, seguro y pacífico.

Es hora de recuperar la democracia como civilización. Porque sin responsabilidad ni seguridad ciudadana no puede ejercitarse ninguna libertad. Porque la armonía y la paz siempre son consecuencias de la justicia. Y porque sin vigencia de la ley y las instituciones no habrá desarrollo sostenido en el país.

Es hora de ejercer los atributos de la Constitución y construir un país realmente federal. Con una auténtica división de poderes. Con absoluta libertad de expresión y de prensa. Con mecanismos efectivos de control ciudadano y lucha contra la corrupción. Con políticas sociales que tengan transparencia, de racionalidad y equidad.

El país necesita una revolución democrática. Será una verdadera revolución. Pacífica, gradual y negociada con fuerzas afines. El país se debe estos cambios y nosotros vamos a abrir el camino para hacerlos realidad. Con estas esperanzas encendidas afrontaremos el reto de sumar fuerzas para sostener la consistencia ética necesaria del pensamiento y el discurso político con una voluntad social viable y los instrumentos de acción que las materialicen en la práctica.

Es hora, en definitiva que todos los argentinos tengamos la posibilidad de resolver en un marco de pluralismo, de respeto y libertad, las cuestiones más críticas para el futuro de la Nación argentina.

Con el Movimiento de Renovación Nacional queremos hacer del radicalismo en su conjunto, la fuerza convocante de una gran causa reparadora nacional y recuperar para los argentinos un ideal de porvenir. Nuestro Movimiento nace con el propósito de conducir el Partido, para las elecciones del 2011, en un sentido que pueda conquistar a las mayorías populares, ser Gobierno y servir a la República auspiciando de entre sus filas al futuro Presidente de la Nación.

El MORENA va a poner en valor el haber custodiado al partido evitando su dilución. Por ello el candidato radical será aquel que resistió al fenómeno de la diáspora y los aviesos intentos de captación por parte del gobierno. Se trata del candidato del radicalismo que mejor interprete la aspiración del pueblo por un cambio progresista y popular, y que lleve adelante un programa de movilización y confianza, que conduzca a la generación del bicentenario en la vanguardia de un proceso de consensos.

Tenemos para ofrecerle al país un partido de principios, un programa transformador y candidatos de convicciones.

Despojados de toda arrogancia y de todo prejuicio trabajemos, estudiemos y preparemos juntos a nuestros compatriotas para afrontar los desafíos del nuevo país del futuro.

Por un Nuevo Radicalismo. ¡Adelante Radicales!
Córdoba, 28 de Agosto de 2010