Trabajo realizado por el Sr. Gustavo A. Calleja Presidente de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz.
“No hay país soberano que resigne el control de sus recursos energéticos a manos de las leyes del mercado, a sabiendas de que ello significa hipotecar su crecimiento y desproteger a sus futuras generaciones”. Arturo Illia (1964)
“”Los hemos anulado por una razón o causa política: porque interfieren la soberanía económica de Argentina. De manera que la resolución del Gobierno Argentino supera cualquier sobre solución o cualquier explicación de carácter jurídico”. Arturo Illia a A. Harriman enviado especial del Presidente John Kennedy (1964)
“Yo no haré el análisis de la plataforma de mi partido. El país ya la conoce. Accedimos a todo, pero no podemos abandonar algunos principios como la anulación de los contratos petroleros…”.”No es cuestión de revisar, sino de anular…venimos a decir que se está perdiendo el petróleo. Todo ello es anulable y lo será en el tiempo”. Ricardo Balbín – Asamblea de la Civilidad (1963)
Amigos de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz:
El 15 de noviembre se 2009 se cumplirán 46 años del dictado de los Decretos nº 744 y 745 de 1963, mediante los cuales el Presidente Arturo Illia procedió a anular los contratos petroleros celebrados en la presidencia desarrollista de Arturo Frondizi, por ser delictivos, ilegales y perjudiciales para los intereses de la Nación, tal como lo dictaminaran la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas bajo la dirección del Dr. Conrado Saadi Massué, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación con el voto de todas las bancadas con excepción de la desarrollista y lo dispuesto en los Considerandos de los decretos anulatorios citados.
En la actualidad, cuando a consecuencia de las políticas de mercado aplicadas sin interrupción desde fines de 1989, atravesamos la crisis energética más importante de la historia a la que puede definirse como de desinversión, cuya superación requiere, inevitablemente, de cuantiosas inversiones; éstas, solamente tienen dos orígenes: o el aumento desproporcionado de precios y tarifas y la creación de impuestos sobre los productos y servicios, imposibles de pagar por la gran mayoría de los usuarios –como los dispuestos recientemente por la administración Kirchner en beneficio de los beneficiarios de las privatizaciones y responsables de la falta de inversiones señalada- o, la que implica recuperar los bienes que ilícitamente fueron vendidos, pero que nos pertenecen, en especial los hidrocarburos, y aplicar sus rentas al desarrollo de la infraestructura energética y de transporte, tal como sucedía hasta 1989. Esa es la posición que tenía, sin fisuras, la UCRP en 1963.
Los antecedentes mencionados en el primer párrafo fueron la base de la pertinente denuncia penal contra los responsables, en especial Arturo Frondizi, Arturo Sábato y Rogelio Frigerio, cuyo desarrollo presagiaba ser condenatorio; en el transcurso de la causa judicial, Frondizi solicitó a Illia que lo indultara, olvidándose que en ese gobierno radical no existía la palabra impunidad; de allí su desembozado apoyo al golpe cívico-militar de 1966. Apenas usurpado el poder, el dictador Juan C. Onganía procedió al recambio de todos los integrantes del Poder Judicial, jurando los incorporados poniendo los documentos revolucionarios por sobre la Constitución; también se ocupó de dejar “dormir” la causa para que prescribiera, como sucedió más recientemente con el fallo del Juez Ballesteros sobre la Deuda Externa. Pero eran tan groseros los ilícitos cometidos que la Cámara Federal renovada, en un fallo del 4 de julio de 1967, sostuvo que: “…los hechos denunciados como infracciones penales constituirían, en principio, los delitos de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y concusión”…”…y dado el tiempo transcurrido no corresponde instruir sumario criminal por prescripción de la acción penal”. Arturo Frondizi, una vez alejado de la presidencia a la que llegó sin fortuna personal, a través del minúsculo partido llamado Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) financió millonarias campañas electorales. Consecuentemente, además de preguntarnos sobre el origen de los recursos del MID, debe quedar en claro que quienes elogian tales contratos están defendiendo los mencionados ilícitos; entre ellos, se encuentran Carlos Menem, Néstor Kirchner, Albino Gómez, Carlos Zaffore, Mariano Grondona y Rodolfo Terragno, quien en el Prólogo del libro “Los traficantes del petróleo” ha llegado a poner en duda la honestidad de los integrantes del gobierno del Dr. Illia.
El Dr. Illia llegó a la presidencia en una elección donde el peronismo buscó, y obtuvo, su propia prescripción, luego de que le fracasara la constitución de un Frente Electoral con el desarrollismo de Rogelio Frigerio y Arturo Frondizi, los conservadores de Solano Lima, parte de la UCRI, el gran empresariado nacional y multinacional, que hasta intentó colocar de candidato presidencial a Carlos Pérez Companc y el beneplácito de los militares “azules” y su ideólogo Mariano Grondona, triunfantes en los enfrentamientos armados frente a los llamados “colorados”. Tulio Halperín Donghi en “Argentina en el callejón” trata claramente este tema. Hoy no cabe ninguna duda que tras el Pacto Electoral entre Perón y Frondizi estaba el tema petrolero, pues los contratos de Frondizi eran una reedición del contrato de Perón con la Stándar Oil de California, aunque en este caso, la infraestructura construida por la Compañía no estaba vedada al uso estatal en caso de necesidad (Guerra de Malvinas por ejemplo) ni las empresas podían organizar y mantener cuerpos armados bajo su bandera.
La elección de octubre de 1963, fue en definitiva, una elección entre quienes abogaban por el mantenimientos de los contratos de Frondizi y la UCRP que prometía anularlos, cosa que hizo Illia al mes siguiente al de asumir.
El golpe contra Illia, al igual que el de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, fue inspirado esencialmente por el sector petrolero y contó con el apoyo desembozado de dirigentes políticos, sindicales y sociales que les eran afines, como Juan Perón, Arturo Frondizi, Oscar Alende, Augusto Vandor, Monseñores Antonio Caggiano y Aramburu, Mariano Grondona y su émulo de la izquierda, Atilio Borón, los diarios Clarín y La Nación y las revistas Primera Plana y Confirmado. Tal como sucede actualmente con el variopinto universo K, el petróleo los unió a todos.
En este caso nos interesa desmitificar una de las falacias que se utilizan para descalificar el acto soberano dispuesto por Arturo Illia, pues no se perdió ningún autoabastecimiento –que no se había alcanzado-, ni bajó la producción a pesar del sabotaje de las petroleras, ni se pagaron indemnizaciones. En el trabajo adjunto de Conrado Storani –publicado en Ámbito Financiero- se demuestra que la anulación no solamente no produjo perjuicio alguno, sino que, por el contrario, al haber terminado con contratos de larga duración, celebrados en épocas de petróleo barato, atados al precio internacional (al que llegaban a superar a causa de las exenciones fiscales), creando el caso de el único país que pagaba más por su propio petróleo que si lo importara, a pesar de ser un bien no renovable, estratégico y escaso) y pagaderos casi totalmente en divisas, evitó al país multimillonarias sumas en dólares a causa de los incrementos de más del 1.200 % que sufrió el precio internacional del petróleo desde 1973 en adelante, con las sucesivas crisis del petróleo.
El segundo trabajo, también publicado en Ámbito Financiero, es una investigación personal concretada conjuntamente con el Diputado Nacional (mc) Jorge Zavaley sobre datos existentes en la Secretaría de Energía, cuyas conclusiones señalan que: a) la producción, tanto de YPF como de los contratistas, se incrementó no a causa de los contratos de Frondizi, sino del Plan de Reactivación de YPF aprobado mediante el Decreto Ley Nº 15.026/56 por el Presidente Provisional Pedro E. Aramburu en 1956, con motivo de los 50 años del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia; b) el autoabastecimiento, correctamente medido, es decir, anualmente y computando además del petróleo, los combustibles derivados y los sustitutos tales como el gas natural y el licuado (GLP) no fue logrado por la gestión desarrollista, sino que se arribó al mismo –incluso computando las compras de gas natural a Bolivia- recién en 1985 bajo la gestión de Raúl Alfonsín y c) a pesar de los sabotajes de las petroleras, no bajó la producción, ni se le pagaron indemnizaciones. Cabe agregar que la Revolución Libertadora, además del mencionado Plan de Reactivación de Y.P.F. no ratificó el ignominioso contrato de Perón con la Standard Oil de California.
En cuanto al pago de “indemnizaciones” valuadas, aproximadamente, en U$S 200.000 000, las reconoció la dictadura de Onganía mediante el Decreto Ley 17.246/67 a las compañías Amoco (Pan American en sus orígenes) y Oxy (originariamente Banca Loeb), que a través de acciones judiciales había impedido a YPF ocupar esas áreas, pero cuya recuperación estaba prevista para mediados de 1966; esta fue una de las causas del “apuro” en la realización del golpe. El contrato con Amoco, conocido como Cerro Dragón y que fuera recientemente prorrogado hasta el año 2045 por los gobiernos peronistas de Das Neves y Cristina Fernández de Kirchner, fue en sus orígenes defendido por Raúl Scalabrini Ortiz. Sobre este tema, se puede ver el libro “Forjando una Nación”– Tomo 2- que contiene los artículos de Scalabrini Ortiz y Jauretche publicados en la Revista “Que sucedió en siete días” dirigida por Rogelio Frigerio)
Recordar actos de soberanía insertos en la Plataforma Electoral de la UCRP que recuperaron para la Argentina valiosos yacimientos de hidrocarburos que se utilizaron en beneficio de todos los compatriotas, nos muestra la necesidad que tienen los partidos populares –como debe serlo la UCR- de salir de las políticas de coyuntura y retomar el análisis de los grandes temas nacionales, en especial los infraestruturales como la energía, el transporte y la educación. Como sostenía Osvaldo Álvarez Guerrero, es imperioso volver hacer política por el deber y no por el poder.
Cordialmente
Gustavo A. Calleja
Presidente
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
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