A PROPOSITO DEL CONTRAPUNTO BERGIA - FRANCO

por: Ing. MARIO JARAZ

- Un tema chaqueño -

Una nueva polémica se esta instalando en la provincia de ribetes realmente insólitos.
Un ministro del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Franco versus el nuevo Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Señor Juan José Bergia.
Un debate que se realiza a través de los medios de comunicación, que encontraron en este intercambio de opiniones, un elemento importante para provocar “remolinos” dentro del sector político que normalmente a esta altura del año se encuentra bastante tranquilo debido a las vacaciones de sus principales protagonistas, aunque la realidad indique que ante la cantidad de problemas irresueltos y las obligaciones y responsabilidades que los cargos promueven, quizás las mismas, en estas épocas de crisis, deberían ser suspendidas.
Desde diversos sectores comienzan a involucrarse en el debate protagonistas, que van aportando elementos anexos que le otorgan a la disputa aspectos particulares y diferentes a los que originalmente fueron los motivadores de la discusión.
A la gente, que sigue el desarrollo del mismo, le resulta propicia la contienda por cuanto le brinda la oportunidad para profundizar, no sólo el conocimiento de los personajes de la política, sino también para enterarse de detalles de acontecimientos que al producirse no alcanzó a interpretar completamente.
Nosotros vamos a tratar de dilucidar y entender los sucesos y lo haremos en voz alta con el objetivo, no de contribuir a la confusión, sino para tratar de demostrar como determinados hechos y acciones perjudican la credibilidad y el respeto de la sociedad por la política y sus dirigentes, con los inconvenientes que esto representa para el mejoramiento de la tan deteriorada relación sociedad- política.
De una denuncia pública que efectuara el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Franco, al Poder Ejecutivo Provincial, afirmando que disminuir el presupuesto de la Justicia para el año 2010, en un momento en el que las instancias correspondientes se encuentran abocadas al mejoramiento y perfeccionamiento de las diversas herramientas con que la justicia cuenta, buscando un más eficaz cumplimiento de las funciones que el mismo tiene, representa no únicamente un ahogo que dificultará el desenvolvimiento normal del poder, con el consecuente desprestigio que tal situación provoca, sino también la interrupción de una planificación perfectamente estudiada y la peregrinación de los miembros del Superior Tribunal por las oficinas del Señor Gobernador en busca de auxilio financiero.
Se desvirtúa totalmente lo que dispone la Constitución Provincial con el fin de asegurar la independencia del funcionamiento de cada uno de los poderes, al otorgarles autonomía y autarquía.
La declaración del Dr. Franco involucra al Poder Legislativo por haber sido este poder el que al aprobar la Ley de Presupuesto ratifica lo determinado por el Poder Ejecutivo, que queda presentada como una maniobra del Poder Ejecutivo para ahogar el funcionamiento de la justicia y subordinarla a sus decisiones en la búsqueda de una hegemonía en el manejo de los poderes del Estado.
De esta forma queda totalmente patentizada la designación de las Autoridades del Poder Legislativo como parte de una trama política de características muy particulares.
Esto provoca la reacción del Presidente de la Legislatura, Señor Juan José Bergia, que con el objetivo de no aparecer como parte de este manejo político y defender la autenticidad de su designación, efectúa una serie de declaraciones que no sólo intentan destruir lo manifestado por el Dr. Franco, sino que vuelca una serie de conceptos que entendemos dignos de ser analizadas.
El acotamiento de los temas sobre los que los jueces pueden efectuar declaraciones, la problemática de las identificaciones ideológicas de los mismos y un pedido de disculpas a la sociedad radical por los hechos y dichos del Juez Franco, son tópicos interesantes de analizar por cuanto llevan implícitas posturas de índole ideológico que tal vez sean parte del gran debate que se debe no sólo el radicalismo sino la comunidad toda.
Las costumbres de la sociedad habían colocado a los jueces en un escalón superior al de los demás integrantes de la misma. Este uso que pudo brindarles a los jueces determinados privilegios, entre otros el que la gran mayoría de la sociedad los visualizara como seres impolutos, superiores e intocables, produjo sobre ellos una censura especial, porque al estar instalada la frase ”los jueces hablan por sus sentencias” automáticamente les quedaba vedaba la posibilidad de exponer sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones, sus adhesiones ideológicas y hasta quizás, su pertenencia a determinada Fe religiosa.
La evolución y la dinámica de las ideas fueron cambiando o permitieron que se efectuaran nuevas interpretaciones de determinadas cuestiones, sin que esto signifique que se cambien los principios éticos y morales que cada sociedad había adoptado para si.
Resulta indudable que a la frase “los jueces hablan por sus sentencias” se la debe entender como la determinación del espacio dentro del cual deben ser juzgados sus actos, ya que son las sentencias las que demuestran el nivel de conocimiento que cada uno de los jueces tienen de la ley, la capacidad para interpretarlas en su total dimensión y el sentido, la habilidad y objetividad que tienen para aplicarla en cada uno de los casos en los que son llamados a intervenir.
La admisión de esta circunstancia tan particular de sus cargos que conlleva también la responsabilidad de ser colectivamente los custodios de elementos fundamentales de la vida de la sociedad, no puede, de ninguna manera, en un país que ha hecho de la lucha por la libertad y la igualdad una de sus banderas, inhibirlos de actuar en ámbitos que no se contrapongan con sus ocupaciones y opinar de temas que les resulten particularmente importantes.
Decían, y dicen algunos que algo que no pueden exhibir o mostrar los ciudadanos que ocupen el cargo de jueces, es su ideología.
Es real que no deben tener, por significar incompatible con su función de jueces, activa participación política, pero resulta arcaico y hasta incomprensible pretender que tengan que abstenerse de poseer o adherir a determinadas ideas. Esta pretensión resulta difícil de entender porque pretende que se considere a los jueces como seres de un sustrato diferente a la de los demás integrantes del género humano.
Tanto a los jueces, como a cualquier ser humano el abrazar determinada ideología los enriquece, los potencia y esta pertenencia no puede ni debe ser motivo, en ningún caso y por ninguna causa, un elemento determinante de acusaciones o degradaciones.
En nuestra provincia en particular y en la nación en general, son varios los jueces que periódicamente hacen conocer sus opiniones sobre los más diversos temas, a través de los diferentes medios de comunicación, y esto no puede ser considerado una violación a sus funciones específicas, sino que por el contrario, una actitud que los compromete aún más con su tarea de jueces, porque sus escritos representan la apertura de sus ideas y otorgan a los lectores la posibilidad de conocer en mayor profundidad la personalidad de aquellos que por tarea fundamental tienen la obligación de ser los vigilantes de los derechos de todos y cada uno.
Esta exposición no es una norma que deba necesariamente distinguir a un juez de otro, sino que debe ser entendida como un acto voluntario al que lo habilita su condición de ciudadano en un país realmente democrático en el cual quienes cumplan con las ley y las normas pueden hacer uso irrestricto de sus libertades y es dentro del ámbito de esta libertad donde cada uno sabrá ante quienes debe rendir cuenta por sus actos, por sus dichos y por sus acciones, obviando totalmente lo que nos reclama e impone la Fe que cada uno profese, porque en este mundo material, todos somos algo gracias a algo.
Como radical que soy, pertenencia que nunca he negado, sino que por el contrario me enorgullece, debo decir clara y honestamente que no comprendo las causas del pedido de disculpas que hacia la sociedad formulara, como dirigente radical, el Señor Bergia por los actos del Señor Franco, actitud que obliga a las autoridades de mi partido a definir su consenso o disenso con el mismo, lo que espero suceda con el fin de que los ciudadanos comunes tengamos pleno conocimiento de las causas que motivan las conductas y los procederes de todos aquellos que tienen la responsabilidad de actuar desde diferentes ámbitos sobre nuestro destino presente y futuro.